El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, considera prioritario mantener una reunión urgente con el ministro de Interior porque, según ha afirmado, “tenemos la impresión de que existe un plan para desacreditar y desincentivar la tarea de representación que la normativa otorga a las asociaciones para ser la voz de los guardias civiles elegida de manera democrática”.  De hecho, las asociaciones representativas de la Guardia Civil tomaron una medida sin precedentes la semana pasada al abandonar la reunión del Pleno del Consejo de la Guardia Civil. Esta decisión se debió a los continuos desplantes y menosprecios sufridos por parte de la Administración, lo que demuestra un claro intento de desacreditar, debilitar y nuestra labor.

Se ha solicitado una reunión urgente con el ministro Fernando Grande-Marlaska para que explique por qué se está inhabilitando a la representación de los guardias civiles en los órganos de Gobierno de esta Institución. Lamentablemente, esta petición ha sido evitada tanto por el ministro como por su sustituto en la Presidencia del Consejo, el director general de la Guardia Civil. Además, ni siquiera el funcionamiento del Consejo, órgano cuyas decisiones carecen del mínimo carácter vinculante, cumple como instrumento consultivo actualmente.

La situación ha llegado a un punto en el que el ministro del Interior sólo parece necesitar aplicar el Código Penal Militar para intentar acallar a los 16 representantes de los guardias civiles que actúan como vocales en el Consejo de la Guardia Civil. Este hecho ha llevado a todas las asociaciones a levantarse en contra este tipo de decisiones. Vilariño defiende al respecto que “JUCIL seguirá adelante en la tarea de ser la voz de los guardias civiles ante la Administración pública, sin que amenazas de acudir al anticuado y fuera de sentido Código de Justicia Militar puedan acallar los deseos de mejora de miles de guardias civiles que anhelan llevar a cabo su tarea y que su trabajo sea reconocido y no discriminado salarialmente, ni laboralmente”.

Perdida de nuestras competencias

Como ejemplo del trato desigual hacia los representantes de los guardias civiles y el Cuerpo en su conjunto, se han observado casos de reducción, eliminación y traspaso de competencias de los guardias civiles a otros cuerpos policiales. El secretario general ha aclarado que “nosotros huimos de entrar en una polémica sobre competencias con otros compañeros policías, pero sí buscamos dejar bien clara cuál es la competencia que le corresponde a la Guardia Civil y qué futuro se plantea para este Cuerpo por este o por los próximos gobiernos”.

Admitir una amnistía debilita al Estado

Vilariño ha recordado que, previamente a perder las elecciones, jueces y magistrados, incluso el propio presidente del Gobierno y sus ministros aseguraron que la amnistía no tenía cabida dentro de la Constitución. Y sobre ello, ha mostrado su preocupación por los últimos hechos: “admitir una amnistía es debilitar al Estado frente a cualquier intento de desestabilización o ruptura con el sistema democrático, ya que haría que se admitiera que quienes recurren a estos medios no cometen ningún tipo de ilícito penal”.