La Asociación Profesional de la Guardia Civil, desde su posición apolítica y en defensa de las víctimas del terrorismo, considera un escándalo cualquier trato de favor hacia determinados condenados por actos violentos
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL desaprueba la existencia de cualquier tipo de tratamiento especial por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia presos de la banda terrorista ETA, según se desprende del informe elaborado por la Guardia Civil donde se los contactos existentes entre el entorno proetarra y colaboradores de Arnaldo Otegi con el ministerio del Interior y más concretamente, con el responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Uno de estos contactos, según el informe, era el exconsejero vasco de Justicia Joseba Azkarraga, responsable de la plataforma de apoyo a los presos de ETA llamada Sare. La interlocución también corría a cargo de Julen Arzuaga, miembro del chat GureMarko.
JUCIL, Asociación Profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil considera un gravísimo escándalo la posibilidad de que desde el Ministerio del Interior pueda ofrecerse un trato de favor a determinados presos, sobre todo aquellos que han sido condenados por actos de terrorismo.
Carácter apolítico e independiente.
Como asociación profesional de carácter apolítico y centrada en la defensa de laboral de los guardias civiles y también por tanto de aquellos que han sido víctimas de la violencia política terrorista, el Comité Ejecutivo Nacional de JUCIL califica de auténtica desvergüenza la posibilidad de que los autores de los daños puedan recibir beneficios antes incluso de que se haya resarcido a las víctimas de estos actos de terrorismo.
El informe de la Guardia Civil detecta incluso que muchos de estos presos hacen gala de conocer por anticipado los planes penitenciarios tanto del Gobierno Vasco como del Ejecutivo central lo que, de ser cierto, supondría una grave situación de agravio, de segregación y de discriminación de ambas
administraciones públicas hacia las víctimas de tan graves delitos frente a sus verdugos.
Desde JUCIL reclamamos del Ministerio del Interior una rápida aclaración sobre el contenido de este informe y anunciamos que, en caso de que se confirmase el mismo, acudiremos ante la Justicia para reclamar las oportunas responsabilidades.
