JUCIL alegará contra los cambios anunciados en la Incapacidad Temporal porque recortan derechos de los guardias civiles La asociación profesional propone que los procesos de incapacidad temporal queden en suspenso…
DIARIO El Mundo – 08/02/2022
La nieta de Fernando Múgica Herzog, asesinado por ETA en 1996, recuerda que olvidar a los muertos es como matarlos de nuevo
La Asociación Profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil recomienda a todos los excluidos que recurran esta decisión y que agoten las vías legales
La comisión encargada de señalar quienes han visto vulnerados sus derechos por violencia política en el País Vasco excluye las peticiones de 460 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras 50 de víctimas de ETA, el 42% del total de las presentadas
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, califica de intolerable la nueva discriminación que han sufrido a manos de la Comisión de Valoración un total de 460 agentes y exagentes que esperaban acogerse a la Ley de Víctimas de Vulneraciones de Derechos por la violencia política en el País Vasco.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien hace una semana calificaba de “intolerable” la situación de violencia que habían vivido los guardias civiles y sus familias en el entorno de asesinatos, represión y humillación provocado por ETA y sus grupos afines, ha declarado hoy en una rueda de prensa que, los solicitantes que pertenecían a la Guardia Civil o la Policía Nacional no “cumplen con los requisitos que señala esta ley aprobada por el Parlamento Vasco”. En su interpretación, solo pueden acogerse a la misma aquellos que hayan sufrido violencia y vulneración de los Derechos Humanos “por parte del Estado o de personas privadas con la aprobación del Estado”.
JUCIL aconseja recurrir y agotar las vías legales
Esta interpretación cerrada y discriminatoria de una ley que se pretende universal deja desprotegidos y segregados a parte de quienes cumplen con la condición víctimas de la “vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, tal y como refleja el título de la ley. La consejera Artolazabal ha declarado que los miembros de las FCSE tienen “otras vías y otras leyes” para reclamar su condición de víctimas, una demostración más de la discriminación a la que se quiere someter a quienes sufrieron, durante años y aún soportan, un ambiente de segregación y de humillación constante por parte de quienes, por mandato legal, tienen la obligación de la defensa de sus derechos. Agustín Leal aconseja a todos los peticionarios que han visto rechazada su demanda que presenten el correspondiente recurso y agoten la vía administrativa antes de acudir, si fuera necesario, a la vía judicial para que se reconozcan sus derechos.
JUCIL agradece y resalta como importante que el Gobierno Vasco reconociera hace solo unos días, el 21 de enero pasado, el sufrimiento que padecieron los guardias civiles y sus familias a manos de ETA y su entorno a través de un estudio elaborado por el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Pero su portavoz nacional Agustín Leal, considera que la decisión de la comisión de valoración “resulta intolerable, discriminatoria y segregacionista. Ya que no acepta a estos peticionarios como víctimas de las vulneraciones de derechos a pesar de que el estudio del Instituto Pedro Arrupe lo documente y lo certifique”, manifiesta Leal.
En la mañana de hoy nuestros vocales electos al consejo asistieron a la sesión ordinaria celebrada en la Dirección General de la Guardia Civil junto al resto de asociaciones representativas y componentes de la administración.
Se informa por parte de la administración la toma en consideración de la propuesta 4628/21, expuesta por JUCIL en la comisión preparatoria, en referencia a la formación de los equipos encargados de atender los delitos relacionados con violencia de género. En la misma se solicita la formación a través de la plataforma digital SIGO para los componentes que realizan dichos servicios en puestos, toda vez que es en ellos donde se produce la mayoría de las denuncias de este tipo, siendo una formación básica y necesaria para estos componentes. Por parte de la DGGC se nos indica que tienen un plan de formación, poniendo en marcha un curso de manera telemática para esta formación específica.
Indicamos también que la formación dada a Seguridad Ciudadana es a todas luces insuficiente, siendo necesario ampliar la formación a los Guardias Civiles que realizan su servicio de cara al ciudadano, puesto que son ellos los primeros en tener contacto con situaciones que en ocasiones resultan extremadamente delicadas.
Se hace referencia a la propuesta 4301/21 expuesta por JUCIL, indicando la preocupación en referencia al seguro del conductor en caso de siniestro vial sin contrario durante la realización del servicio por los componentes del cuerpo y que a día de hoy no tiene contratado la DGGC.
En este punto la DGGC indica que a día de hoy los gastos médicos derivados de este tipo de siniestros estarán cubiertos por el ISFAS al estar considerado como ACTO DE SERVICIO. Cabe destacar que también quedara cubierto tanto LA GRAN INVALIDEZ, INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL U ABSOLUTA, así como el FALLECIMIENTO.
Para el nuevo acceso directo a oficial con titulación universitaria, entendemos que la promoción interna se ve claramente agraviada con respecto a aquellos que pueden acceder a la escala por esta modalidad. Entendemos que no se está teniendo en cuenta la formación que dentro de la Guardia Civil se está dando a todos aquellos que quieren acceder a la escala de oficiales, tanto desde la escala de suboficiales como de cabos y guardias, pues para ellos es igualmente obligatorio para acceder a oficial estar en posesión de titulación universitaria.
En este punto nuestro voto es un NO rotundo, tanto por considerar insuficientes los dos años de formación, como por el agravio comparativo que sufren nuestros compañeros que quieran acceden por promoción interna. A pesar del voto negativo tanto de JUCIL como de otras asociaciones esta norma es aprobada por la administración.
JUCIL vota a favor en la aprobación de la nueva norma que regula la composición y funcionamiento de los órganos de evaluación y se desarrollan los procesos de evaluación.
En los planes de acción social, tras estar presentes en el Grupo de Trabajo, y tras la exposición por parte de la administración de las cantidades a percibir en los distintos apartados de estas ayudas. Como observación, desde JUCIL hacemos llegar a la DGGC que haga una solicitud formal ante el ministerio correspondiente, para que equipare las ayudas sociales con respecto a la Policía Nacional, ante los cuales estamos agraviados por los porcentajes que se reciben en el caso de la Guardia Civil, siendo estas inferiores en un 27 % con respecto a la policía. Aun a pesar de nuestra exposición nuestro voto es a favor en los planes de acción social para el año 2022.
En los temas tratados en relación a Riesgos Laborales, nuestro secretario nacional hace llegar a la Dirección las siguientes observaciones que entendemos son de suma importancia.
La debido a la actual situación de crisis sanitaria que vivimos a día de hoy a nivel mundial, solicitamos información de los planes que desde la DGGC se tiene para la inoculación de la 3ª dosis de la vacuna contra la COVID-19, solicitando la realización de test de antígenos. La DGGC indica que ya a solicitado información a los ministerios pertinentes, sin haber obtenido respuesta, pero sí entra dentro de los planes por su parte vacunar a los agentes.
De la misma manera se solicita que se ponga en funcionamiento la solicitud de cita previa en las distintas unidades para evitar la acumulación de personas en las distintas unidades reduciendo el riesgo de contagio.
En referencia a las fundas antihurto que se están licitando, en la nada desdeñable cantidad de 30.000 unidades, entendemos que las unidades licitadas son de extrema peligrosidad debido a que debe portarse el arma en doble acción. Consideramos que salvo determinadas unidades como UEI GAR y GRS, no se tiene la formación necesaria para su uso en estas circunstancias, exponiendo a los agentes a posibles accidentes con arma de fuego.
También se indica la necesidad de realizar controles médicos específicos para aquellos compañeros que se encuentran en unidades con contacto directo con enfermedades infecciosas y contagiosas.
Los turnos de trabajo son expuestos por la DGGC, indicando que en la actualidad no todas las unidades pueden optar a aplicar los turnos de trabajo fijos si no se dispone de al menos 40 efectivos.
Por parte de JUCIL entendemos que supone un agravio hacia unidades más pequeñas, solicitando la posibilidad de estudiar una cadencia de turnos de trabajo en estas unidades de menor tamaño. Igualmente se plantea la opcion de implantar servicios de 12 horas en determinadas unidades cuya peculiaridad permita la realización de los mismos, consiguiendo de esta forma dos aspectos fundamentales: la mayor facilidad de cumplir con la OG de servicios y una mejor gestión de los recursos humanos de estas unidades. Además, facilitaría la conciliación familiar y la posibilidad de implantar los turnos fijos que se expone por la administración. En este caso se nos remite a la posibilidad de abrir un grupo de trabajo para recoger todas las propuestas que pudiéramos introducir.
En el turno de ruegos y preguntas nuestro secretario general hizo visible el motivo del nacimiento de nuestra asociación.
En esta intervención se indica que aun sabiendo que no es el foro donde plantearlo, nos gustaría saber si por parte de la DGGC se apoyaría nuestra reivindicación de EQUIPARACION SALARIAL REAL con policías autonómicas. Remitiéndose la Directora General a los logros obtenidos en las nóminas a día de hoy, e indicando que no es el lugar donde debemos plantear nuestra reivindicación.
Madrid a 16 de diciembre de 2.021
#JucilSuma
LA UNION ES NUESTRA FUERZA
La Asociación Profesional de la Guardia Civil y el sindicato policial sienten que hayan tenido que acudir a los tribunales de justicia y resaltan que la actitud expresada por la Administración autonómica catalana confirma la situación de odio y de abandono institucional con la que conviven a diario miles de guardias civiles y agentes de la policía.
La sentencia condena al Ejecutivo Autonómico al pago de 4.000 euros de costas por el proceso y considera infundadas las explicaciones que ha ofrecido para explicar el retraso con el que se inició el proceso de vacunación de los agentes destinados en Cataluña.
Barcelona, 3 de diciembre de 2021/ La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL y el sindicato policial JUPOL, han visto confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la obligatoriedad de que tanto los guardias civiles como los policías nacionales en Cataluña tendrán que ser inoculados con la vacuna frente al Covid-19. En su sentencia, el más alto tribunal de Cataluña anula de pleno derecho la “inactividad” mostrada por el Departamento de Salud del Govern catalán “por resultar discriminatoria y contraria al artículo 14 de la Constitución” señala el texto de la resolución hecha pública.
El texto de la sentencia, que condena al pago de 4.000 euros en costas al Ejecutivo autonómico, ordena además al Departamento de Salud a que continúe con la actividad de vacunación a los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado destinados en esta comunidad “en igualdad de condiciones que el resto de funcionarios públicos que realizan actividades declaradas esenciales”.
La secretaria regional de JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico ha manifestado su “satisfacción por el inicio del proceso de vacunación a la Guardia Civil y la Policía Nacional destinada en Cataluña, con lo que se pone fin a una injusticia por parte de las autoridades catalanas hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. La sentencia no solo nos ha dado la razón, sino que además a ojos de la Justicia y de la sociedad en general ha quedado fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas”, ha añadido.
El hecho de que de nuevo haya tenido ser a través de los tribunales como se logra que la Administración Autonómica catalana se vea obligada a actuar expresa, en opinión de JUCIL, la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que tienen que llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria. Una situación que justifica y argumenta la necesidad de que Cataluña sea considerada como una zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos.
Por su parte, el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez ha asegurado que esta sentencia “pone de nuevo de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat de Cataluña” y ha manifestado que la resolución judicial “nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña”.
Pérez ha mostrado su “agradecimiento a la Justicia por tener en cuenta las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por entender la necesidad de tratar en igualdad a todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña”.
Sin justificación
JUCIL y JUPOL han destacado por otro lado que, en sus conclusiones, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera infundadas las explicaciones que se ofrecieron en su día desde el Gobierno de Cataluña y que atribuía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sean los culpables de retrasos en las vacunaciones de la población general.
Desde ambas organizaciones se ha negado esta situación y se asegura que “desde JUPOL y JUCIL solo se ha pedido lo que corresponde según el plan de vacunación elaborado a nivel nacional”. Un proceso de vacunación que la Generalitat sí que ha cumplido para los Mossos, pero ha negado de manera reiterada a Guardia Civil y Policía Nacional.
En la Comisión del CONSEJO de Riesgos laborales celebrada en el día de hoy en la D.G.G.C., los vocales por la escala de Suboficiales y por la escala de Cabos y Guardias, Pedro Mata y Oscar Glez. Sequera HAN PROPUESTO Y SOLICITADO los siguientes datos:
– Con respecto a RR.LL. se ha solicitado por parte de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, Jucil, un informe sobre las conductas autolíticas con resultado de fallecimiento, desde que se cuente con datos hasta el año actual.-
– Solicitamos saber que directrices se les ha dado a los servicios de Prevención de Riesgos laborales en cuanto a su forma de actuación o tratamiento de los informes médicos emitidos por la empresa MPE con motivo de los reconocimientos enmarcados dentro de la vigilancia de la salud, especialmente en los que se establece que un GUARDIA CIVIL presenta alguna limitación para el servicio ya sea física o psíquica.-
– Hemos requerido también saber cuál fue el número de chalecos antibalas retirados por haber caducado, en diciembre del pasado año y cuál fue la cantidad de los mismos que a lo largo de este año han sido repuestos.
– (Nos responden que alrededor de 14000 chalecos fueron retirados)
– Solicitamos para los compañeros de protección y seguridad, más específicamente para los que están destinados en Conducciones de internos en centros penitenciarios la dotación para todos ellos de mascarillas FFP2, por el continuo traslado de los mismos a centros hospitalarios desde sus unidades de destino. Respecto a estas Unidades y más específicamente, queremos que quede constancia de que en la Sección de seguridad del Centro Penitenciario de La Moraleja, en Palencia, los vehículos destinados al traslado de internos, las furgonetas celulares, carecen de algunas MEDIDAS DE SEGURIDAD, entre ellas que no disponen de cinturones de seguridad para los internos, los asientos no constan de separación entre ellos y son de chapa, con el consiguiente peligro para ellos mismos y para los efectivos encargados de su traslado, con vehículos muy anticuados y motores con medias que rondan los 300000 km, la solución está en dotar, a esa y al resto de unidades, de las nuevas furgonetas.-
(Nos informan que ya están dando solución a estas demandas)
– Solicitamos para todos nuestros compañeros destinados en LA PALMA, reconocimientos médicos más exhaustivos que incluyan radiografías de tórax y pruebas de espirometría para saber cuáles son las consecuencias de estar expuestos a diario y a pie de volcán a la lava y la contaminación producida por las erupciones volcánicas, así como para nuestros compañeros de los GRUPOS DE RESERVA Y SEGURIDAD que están siendo comisionados cada 20 días a esta isla.-
MADRID a 25 de noviembre de 2.021.-
LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA
