La Asociación Profesional de la Guardia Civil y el sindicato policial sienten que hayan tenido que acudir a los tribunales de justicia y resaltan que la actitud expresada por la Administración autonómica catalana confirma la situación de odio y de abandono institucional con la que conviven a diario miles de guardias civiles y agentes de la policía.

La sentencia condena al Ejecutivo Autonómico al pago de 4.000 euros de costas por el proceso y considera infundadas las explicaciones que ha ofrecido para explicar el retraso con el que se inició el proceso de vacunación de los agentes destinados en Cataluña.

Barcelona, 3 de diciembre de 2021/ La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL y el sindicato policial JUPOL, han visto confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la obligatoriedad de que tanto los guardias civiles como los policías nacionales en Cataluña tendrán que ser inoculados con la vacuna frente al Covid-19. En su sentencia, el más alto tribunal de Cataluña anula de pleno derecho la “inactividad” mostrada por el Departamento de Salud del Govern catalán “por resultar discriminatoria y contraria al artículo 14 de la Constitución” señala el texto de la resolución hecha pública.
El texto de la sentencia, que condena al pago de 4.000 euros en costas al Ejecutivo autonómico, ordena además al Departamento de Salud a que continúe con la actividad de vacunación a los miembros de las Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado destinados en esta comunidad “en igualdad de condiciones que el resto de funcionarios públicos que realizan actividades declaradas esenciales”.
La secretaria regional de JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico ha manifestado su “satisfacción por el inicio del proceso de vacunación a la Guardia Civil y la Policía Nacional destinada en Cataluña, con lo que se pone fin a una injusticia por parte de las autoridades catalanas hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. La sentencia no solo nos ha dado la razón, sino que además a ojos de la Justicia y de la sociedad en general ha quedado fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas”, ha añadido.

El hecho de que de nuevo haya tenido ser a través de los tribunales como se logra que la Administración Autonómica catalana se vea obligada a actuar expresa, en opinión de JUCIL, la situación de abandono institucional y el ambiente de odio en el que tienen que llevar a cabo su labor los guardias civiles y policías nacionales, con la consiguiente estigmatización que sufren tanto ellos en su tarea como sus familias en su vida diaria. Una situación que justifica y argumenta la necesidad de que Cataluña sea considerada como una zona de Especial Singularidad para el trabajo de estos empleados públicos.
Por su parte, el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez ha asegurado que esta sentencia “pone de nuevo de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat de Cataluña” y ha manifestado que la resolución judicial “nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña”.
Pérez ha mostrado su “agradecimiento a la Justicia por tener en cuenta las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por entender la necesidad de tratar en igualdad a todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña”.

Sin justificación
JUCIL y JUPOL han destacado por otro lado que, en sus conclusiones, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera infundadas las explicaciones que se ofrecieron en su día desde el Gobierno de Cataluña y que atribuía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sean los culpables de retrasos en las vacunaciones de la población general.
Desde ambas organizaciones se ha negado esta situación y se asegura que “desde JUPOL y JUCIL solo se ha pedido lo que corresponde según el plan de vacunación elaborado a nivel nacional”. Un proceso de vacunación que la Generalitat sí que ha cumplido para los Mossos, pero ha negado de manera reiterada a Guardia Civil y Policía Nacional.